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14/10/2016

Los menores víctimas de abuso sexual se enfrentan a un duro proceso desde el momento en que se hace efectiva la denuncia de los hechos y hasta que se celebra el juicio y hay una sentencia definitiva. Ya de primeras a muchos les cuesta que el adulto receptor de tan amarga confesión le crea. Prefieren pensar que lo que el pequeño les cuenta es una invención infantil antes de entrar en conflicto con el abusador, que en un 75 por ciento de los casos es un familiar y en un 20 por ciento es alguien cercano a ese entorno. 

También es frecuente que se cuestione al adulto denunciante, sobre todo cuando es la madre quien lo hace y el acusado de cometer el abuso es el padre o padrastro, del cual está en proceso de separación o de divorcio. Entre tanto, y hasta que la causa se celebra, muchos de esos niños han tenido que seguir viendo en su día a día al agresor, declarando una y otra vez lo que le ocurrió ante los familiares, el abogado defensor, la policía, el fiscal, el juez..., un revivir constante del dolor sufrido, una marca psicológica grabada a fuego que costará hacerla desaparecer y que sin duda intensificará las secuelas del abuso. Y no sólo eso, como niños que son vivirán una experiencia de adultos, con un lenguaje y un procedimiento, el jurídico, difícil o imposible de entender, en un escenario poco acogedor y en el que la falta de sensibilidad de tantos pasa por alto la preservación de su intimidad o el significativo hecho de que víctima y verdugo no se encuentren por los pasillos de los juzgados el día del juicio.

Prácticamente el colectivo al completo de los profesionales relacionados con la prevención, la valoración y el tratamiento terapéutico de las víctimas (psicólogos, trabajadores sociales, cuerpos de seguridad del Estado, fiscales, abogados, jueces), todos, coinciden en señalar en que se han de mejorar y mucho la atención de los niños y niñas, así como la de los adolescentes, en el ámbito judicial y legislativo. Pudimos comprobarlo el pasado 14 de octubre en el XIII Foro ‘Justicia e Infancia’, celebrado en Caixa Forum Palma, presidido por Marta Carrió, directora general de Menores y Familia, e impulsado por FAPMI/ECPAT - Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil - y la ong RANA, en colaboración con The Code.Org y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La unanimidad de las conclusiones que a ese respecto pudimos extraer de las ponencias pronunciadas durante la jornada fue absoluta. Ahora sólo cabe esperar que el quórum obtenido se traduzca en una batería de mejoras reales por parte de los organismos gubernamentales correspondientes. 

Las reivindicaciones esgrimidas por el primero de los ponentes de la jornada y coordinador de FAPMI, Tomás Aller Floreancig, fueron numerosas y consistentes: “Ante todo hay que reconocer que no estamos avanzando como deberíamos y que todos somos responsables de la inacción, hace falta un mayor compromiso de todos los agentes implicados en la protección del menor. Para empezar, faltan datos, por ejemplo, cómo se transforma un pedófilo en pederasta, pero también falta evaluar las políticas públicas para que sean efectivas. Necesitamos comprender que es mucho más barato invertir en prevención, modificar los factores de riesgo, diseñar protocolos efectivos e incorporar la prevención, la detección y la notificación en el curriculum universitario, así como la formación continuada. Y es imprescindible tener perspectiva y darnos cuenta de que si buscas resultados diferentes hay que dejar de hacer lo mismo”.

En lo que hay que insistir, y así lo hicieron tanto el fiscal de menores, el señor José Díaz Cappa, como el propio Tomás Aller y el teniente de la Guardia Civil, Manuel Martínez Palomo, es en que hay que atreverse a notificar (comunicar, denunciar) ante la más mínima sospecha de que un menor puede estar siendo abusador. “No hay que confundir la comunicación de un hecho, que puede ser anónima, con la denuncia formal. No importa que no tengan pruebas consistentes, que puedan estar equivocados, eso ya lo discerniremos los profesionales sin perjuicio para el denunciante. Y por supuesto, en nuestro ánimo está aplicar la ley con rigor, y lo cierto es que a veces la falta de testimonios y de pruebas provocan que la sociedad considere incomprensible una condena. Lo que sin duda tratamos es de velar por los derechos de la víctima, evitando las declaraciones múltiples, procurando que declare solo una vez, que lo haga con un biombo de por medio, con pruebas anticipadas...” . En definitiva, velar por el bienestar de un niño o un adolescente que como nos explicaron Carolina Moñino y Elena González, psicólogas de la UTASI (Unitat Terapéutica d´Ábús Sexual Infantil), organismo dependiente de la Dirección General de Menores y Familias, al principio está confuso e indefenso y necesita estrategias para afrontar todos los miedos y angustias que preceden al juicio oral, que se le acompañe también cuando el procedimiento acaba, definiendo junto a él nuevos objetivos que le ayuden a recuperar el bienestar personal y familiar. “Desde luego, explica Elena González, debería haber absoluta coherencia en las medidas judiciales que se adopten, salvaguardar el derecho del menor a ser escuchado e informado, adecuar el lenguaje, los espacios, las formas, la actitud, especialmente en los más vulnerables, como los menores con discapacidad o los menores de seis años. Y sin duda, hay que apostar por la prueba preconstituida, por garantizar la igualdad y la no discriminación, aplicar la legislación vigente, tanto el Estatuto de la Víctima como la Ley de Protección Jurídica del Menor, e implantar el Protocolo Marco Interdisciplinar de Maltrato Infantil en todas su fases”. 

Insistentes fueron todos los participantes en que se ha de evitar la revictimización del menor abusado que como decía Carmen Martínez Canto, psicóloga de la Unidad de Valoración del Abuso Sexual Infantil (UVASI) del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, a veces llegan a declarar hasta seis veces. E insiste ella, y también Raquel Raposo, psicóloga experta en la evaluación de la credibilidad del testimonio en menores víctimas de violencia sexual, en que se requiere profesionalidad a la hora de preguntar a los niños para no contaminar el testimonio y garantizar la prueba. Lo ideal sería adaptar los procedimientos a cada víctima, poner los andamios necesarios para que cada niño pueda contar lo que necesite exteriorizar. Y claro, como insiste una y otra vez RANA, habría que trabajar codo con codo para evitar que los abusos sexuales cometidos durante la infancia prescriban, “Los legisladores deberían ponerse por un momento en la piel de las víctimas - señala Beatriz Benavente, responsable, junto a Sonia Cortejarena, de la terapia psicológica que ofrece RANA a adultos que fueron abusados durante su infancia -. No se le puede poner una fecha de caducidad al complicado proceso de liberación de la carga emocional que arrastran estas personas durante años”. 

Mucho por hacer y excelentes profesionales para lograr la protección que merecen todos los niños y adolescentes.